En Baleares está pasando lo que se cuenta más abajo por no licitar un contrato de 350.000 euros.
Que podría suceder aquí donde no se han licitado contratos por valor de millones de euros, en una región en la que la Sindicatura de Cuentas ha detectado entre otras irregularidades la manipulación de un documento público y donde se ha financiado durante años una empresa privada y quizá el propio ente mediante convenios con Consejerías al margen de los presupuestos Generales del Principado. Cual es la carga que tienen sobre sus espaldas los responsables de una RTPA que desde su puesta en marcha ha estado rodeada de una absoluta falta de claridad en sus procedimientos de contratación externa y en la propia gestión de su plantilla de trabajadores. Cual va a ser el futuro de todo el entramado empresarial montado alrededor de RTPA de espaldas a la realidad del mercado y alimentado únicamente con dinero público que se ha manejado durante todos estos años a través de oscuros juegos de influencias e intereses. Que futuro espera a los trabajadores que dependen de él ahora que las cosas se ponen serias y se ha destruido todo lo que antes había.
En medio de una crisis económica de dimensiones nunca vistas, de trayectoria poco o nada previsible con un servicio prescindible como es una cadena de televisión que no ha justificado de ninguna forma su razón de ser al no haber cumplido jamás la función para la que fue creada, desarrollar una Industria Audiovisual en la región, las cosas parece que no pintan nada bien para el sector. Quien va a dar un duro por defender un tinglado que ha servido para destrozar lo que antes había sin crear absolutamente nada pero que ha costado 160 millones de euros al contribuyente en su breve trayectoria.
Tal como están las cosas es bastante probable que la mayoría de los autores de este desastre estén más preocupados por hacer las maletas que por mantenerse en unos puestos que ante el más que seguro recorte presupuestario y la avalancha de acciones que les vienen encima han perdido todo el atractivo que en su día pudieron tener. Hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora las explicaciones van a dejar de darse únicamente en la Junta General con argumentos peregrinos diciendo que la directiva europea dice no se qué de que aquí los contratos pueden darse sin licitación pública pero sin aportar dato alguno del lugar en que la Ley dice tal cosa. Ahora toca contarlo en otras instancias. Existen responsabilidades que deben ser depuradas de manera meridianamente clara por lo que ha sucedido durante estos años. La inseguridad jurídica reinante debe ser resuelta de una vez y tal como han evolucionado las cosas eso solo puede ser aclarado por la justicia. Pero al margen de las cuestiones legales existen responsabilidades políticas que no esperamos que se resuelvan, pero si que sirvan para poner en su lugar a los responsables de la destrucción de todo un sector. No se ha creado industria de ninguna clase, se han destruido cientos de puestos de trabajo y se han invertido 160 millones de euros para hacer absolutamente nada salvo destruir empleo y riqueza. Los nombres y los cargos de los responsables de la operación son conocidos y por muchos informes que se empeñen en hacer para intentar justificar su gestión, está claro que ninguno de ellos soportaría un peritaje elemental por la sencilla razón de que los datos que en ellos se expresan no se corresponden con la realidad de las cosas . Ahora toca hablar de eso, de realidades no de fantasías. Alguien tendrá que explicar donde corresponda en qué ha consistido el disparate que han cometido aquí durante estos años y porqué se han hecho las cosas de esa forma.
Aquí no soñamos con lo de Baleares, pero allí las cosas están así.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/15/baleares/1268649944.html
El empresario de la comunicación, Jacinto Farrús, ha sido detenido por la Policía Nacional en el marco de la Operación Voltor por fraude y malversación. Asimismo se encuentra arrestado el ex conseller de Turismo, Francisco Buils.
La policía investiga si una de las empresas de Farrús, Torun Consulting,se llevó el contrato de 350.000 euros para hacer benchmarking(producción turística)del Inestur sin mediación de un concurso público, en la época en que Buils era responsable de la cartera de Turismo.
Además de Buils y Farrús, dos trabajadores de una empresa de informática han sido también arrestados por la policía por su presunta participación en los hechos.
Asimismo, agentes de la Policía Nacional están registrando la sede de Canal 4, la televisión local propiedad de Farrús.
Cabe recordar que Jacinto Farrús tiene además la concesión de los servicios informativos de la televisión autonómica IB3 a través de su productora SBT, donde también se han poducido registros.
Lo que no ha sido aún registrado por la policía es Cent & Ment, un gabinete de comunicación cuyas instalaciones sí están siendo inspeccionadas por la policía.
La ‘Operación Voltor’ investiga un presunto fraude en el uso de fondos públicos en contratos efectuados en la actual legislatura. Desde que el socialista Francesc Antich se hiciera con el Govern balear, la Conselleria de Turismo siempre ha estado en manos de UM, primero con Francesc Buils como conseller, luego con Miquel Nadal, que ya fue detenido a raíz del primer registro en el Inestur.
En la trama se encuentran además imputados Miquel Àngel Flaquer (ex presidente de UM), Àlvaro Llompart (contable de UM) y Joan Sastre (ex director general de Promoción Turística).
