Entrevista en IMAGEN Y COMUNICACIÓN sobre las acciones judiciales emprendidas por la APTVA contra TPA ante la actual situación de inseguridad jurídica producida por la falta de respuestas de ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  relacionadas con los  requerimientos presentados por esta Asociación Profesional.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN.

Julio 2010.

01.- ¿Se ha desatado una guerra en el audiovisual del Principado?

Desde nuestro punto de vista no. Lo que existe es una situación de inseguridad jurídica propiciada por una Administración que se niega a contestar a una serie de requerimientos escritos realizados por la APTVA. Ante esa falta de respuesta la APTVA reacciona con la única vía que le queda, la legal. Desde nuestro punto de vista es algo perfectamente normal. La Administración, en este caso un Ente Público,  tiene derecho a guardar silencio y el administrado, una Asociación profesional, a recurrir a la vía legal.

02.- ¿Cuál es la relación entre las dos asociaciones del audiovisual de Asturias?

No existe relación de ninguna clase a día de hoy puesto que la AEPA parece estar conforme con la situación actual mientras que nosotros no lo estamos en absoluto. De todas formas esa falta de contacto se limita al ámbito de las relaciones  formales, en el plano personal existe relación entre personas de ambas asociaciones desde hace muchos.

03.- ¿Hay algún trasfondo de enfrentamiento personal, venganza o guerra comercial tras esto?

No lo creemos y si fuera así no afectaría al fondo de una cuestión que está planteada pero sin resolver desde hace años. La APTVA ha tenido desde hace tiempo un núcleo de asociados disconforme con la política en materia audiovisual del Gobierno del Principado de Asturias. Ese núcleo ha mantenido la misma opinión en la época en que algunos de ellos trabajaban para TPA y cuando no lo hacían. No es ningún secreto que esa actitud se ha mantenido a lo largo de los años y que había personas estudiando el soporte legal de la Administración en materia de  política audiovisual y cultural. Lo que sucedió es que todo eso comenzó a tomar  forma y organizarse mejor hace unos dos años. A pesar de ello se hizo lo posible durante un tiempo por intentar dialogar y evitar en la medida de lo posible las acciones legales.

04.- ¿Y trasfondo político?

Nuestra opinión es que se trata de un problema de carácter económico vinculado quizá al interés por el control de la información.  Podría tratarse del simple reparto de un mercado entre una serie de actores por razones que desconocemos utilizando  procedimientos excluyentes para quienes no pertenecen a ese grupo. Es innegable que desde hace varios años las plataformas audiovisuales existentes en Asturias han ido desapareciendo desde  la concesión de las licencias de TDT. La posible intervención de ese mercado ha creado un embudo hacia el que se canalizan todos los recursos económicos públicos en materia audiovisual por el que solo pasan determinadas empresas y personas. En cualquier caso la solución al conflicto siempre estuvo facil. TPA podría haber explicado en cualquier momento las razones por las que no exige solvencia técnica a determinadas empresas, por qué razón firma contratos con empresas sin constituir, cual es el motivo por el que no realiza convocatorias públicas para contratar servicios de las categorías 17 a 27 del anexo 2 de la directiva Europea,  porqué cree que puede alterar un documento público sin que nadie tenga derecho a reprochárselo, o en que fundamenta su concepto de la excepción cultural entre otras cosas.

Un simple folio explicando estas cuestiones y justificando su soporte legal habría borrado de un plumazo todo el sentimiento de inseguridad jurídica en que nos encontramos.

05.- ¿Cuál es el detonante del conflicto?

El conflicto comienza en 2003 cuando en una charla  en el IDEPA  sobre el programa MEDIA, hace acto de presencia el entonces Viceconsejero de Cultura D. Jorge Fernández León. En esa reunión este responsable político anuncia a los presentes que TPA no va a trabajar con empresas Asturianas. Como mucho, anuncia, que para ellas reserva alguna tarea de apoyo en delegaciones de informativos. En aquellos momentos una parte del sector no  lo cree pero otros, que conoce el poder del viceconsejero, se lo toma muy en serio y comienzan a dar los primeros pasos para organizarse. A pesar de ello si por conflicto se entienden únicamente las acciones desarrolladas en la vía legal, estas dan comienzan a principios de 2010 tras el fracaso de los intentos de reconducir la situación.

06.- ¿Antes de judicializar todo esto hubo algún punto de diálogo más o menos amistoso sobre lo que pasaba?

Hubo intentos de dialogar desde 2007 durante toda la presidencia de Sofía Menéndez y se intentó también durante los ocho primeros meses de la actual junta directiva. A principios de 2009 se elaboró un informe con propuestas para la ordenación del sector. Este informe fue enviado a las Consejerías de Presidencia, Cultura, Industria y Administraciones Públicas que es de quien depende TPA. Con la propia TPA se mantuvo una entrevista y se intentó recabar su apoyo para que nos ayudara a entablar diálogo con el Gobierno. Tras fracasar estos intentos de diálogo, a principios de 2010 se elaboró un escrito basado principalmente en las más de 20 irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en su informe definitivo de fiscalización del año 2006.   Este informe, en el que entre otras cosas se incluía la manipulación de la fecha de un importante contrato, se envió a las mismas Consejerías y a la Intervención General de Principado entre otros. En él se indicaba  que si no era posible establecer un  diálogo destinado a poner fin a la inseguridad jurídica reinante nos veríamos obligados a emprender acciones legales. Como única respuesta se recibió un burofax amenazante desde un despacho de abogados que decía representar a TPA.

07.- ¿En qué situación está este proceso de denuncia?

Se ha presentado una demanda civil contra las instrucciones de contratación de la cadena porque creemos que no se ajustan a los preceptos legales de la LCSP y porque probablemente existan instrucciones similares en otros entes públicos sobre los que el resultado de esta demanda podría influir. Se ha presentado también una denuncia en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción porque entendemos que existen cuestiones como la alteración de un documento público señalada por la Sindicatura de Cuentas que trascienden el ámbito de lo opinable y deben ser investigadas.

La APTVA ha solicitado  explicaciones a TPA sobre sus PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN con EMPRESAS SIN CONSTITUIR, acerca de la manipulación de un importante DOCUMENTO  PÚBLICO  etc..

08.- ¿Preveé otras acciones próximamente?

En estos momentos están finalizándose dos expedientes que tienen como destino instancias nacionales y Europeas.

09.- ¿Quién gana y quién pierde en todo esto?

Desde nuestro punto de vista gana el sector de las Industrias Culturales, gana el ciudadano que tendrá la seguridad de que los recursos públicos serán utilizados de la forma más eficaz posible, ganan el Gobierno y la Administración que dejarán de tener enfrente un sector molesto, ganan los tres centros de formación de la región que podrán garantizar a sus alumnos que se dirigen a un entorno laboral transparente  y gana por supuesto  la propia TPA que libre de cualquier sombra de duda adquirirá la madurez que ahora le falta.

Pierden quienes están acostumbrados a pescar en aguas turbias aprovechándose de la confusión y el desorden.

Más de 20 irregularidades detectadas por la SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  están a la espera de  contestación. Como  parece ser que el Ente no tiene interés en contestar a la APTVA  esta Asociación Profesional  no ha tenido  más remedio que recurrir a la justicia.

LOS ENLACES A LOS DOCUMENTOS AL FINAL DEL ARTÍCULO.

Como aquí no tenemos muertos en los armarios y las cosas siempre se han hecho a cara descubierta, esto es lo que vamos teniendo a día de hoy. Durante los últimos meses algunos parecen haber estado interesados en hacer correr el bulo de que  tras un medio recientemente clausurado por un problema de propiedad intelectual estaban personas vinculadas a la APTVA.

La realidad es que resultaba cómica la situación ante la desesperación de un autor, el del medio,  que se afanaba inútilmente en atribuirse un reconocimiento imposible, desde el anonimato obsesivo que pretendía guardar, mientras algunos se dedicaban a sembrar confusión para sacar, como siempre tajada,  intentando vincularlo a personas pertenecientes a la APTVA.

Como es lógico hemos observado toda la operación alrededor del medio desaparecido desde sus inicios a principios de 2009  y aunque en ocasiones pudiéramos estar de acuerdo, a título personal unas veces o como Asociación en otras,  con algunas de las opiniones o informaciones que en ese medio se vertían nunca hemos sintonizado  con su tendencia a criticar a profesionales del sector asturiano. Menos viniendo de quien venía, porque aunque no tuviéramos  vinculación alguna con la web finiquitada  sabíamos perfectamente de quien se trataba.

No estamos de acuerdo con como se están haciendo las cosas, pero no estamos en contra de que exista la TPA.  En ella trabajan personas y tras la voladura del Sector ejecutada estos años por el Gobierno si desapareciera significaría la extinción de un número de puestos de trabajo, muy inferior al que la Cadena dice,  pero en cualquier caso creemos que no debe desaparecer ninguno.

Hemos emprendido acciones legales contra TPA muy a nuestro pesar.  Si pudiéramos no lo haríamos y nos dirigiríamos contra Administraciones Públicas que es de quien depende. Nos dirigimos contra TPA  por la sencilla razón de que el Poder Adjudicador está en la Cadena no en la Consejería.

Existe otra Asociación surgida a partir de una escisión de la APTVA con la que no mantenemos ninguna sintonía porque pensamos que está jugando un importante papel al servicio de un Gobierno que desde nuestro punto de vista como ya hemos dicho ha destruido el sector. A pesar de ello no la hemos criticado nunca ni lo haremos en el futuro porque, aunque no compartamos sus puntos de vista ni su  forma de actuar,  en ella se encuentran algunas empresas que en verdad pertenecen al Sector Asturiano y no tenemos porque disparar contra todo el que no piense como nosotros.

No vamos por la segunda acción judicial. Vamos por la tercera, pero una de ellas no está presentada en nombre de la APTVA sino por un número de empresas pertenecientes a ella. En cualquier caso esa acción tampoco se dirige contra TPA de manera directa, aunque si contra intereses vinculados con bastante probabilidad a la Cadena y a un grupo de poder que cruza de lado a lado la región.  A fin de cuentas no importa el color del gato si caza ratones.  Como se trata de una acción ejecutada por empresas vinculadas a la APTVA pero de manera independiente, quizá sirva esto para poner en su sitio a quienes se han atrevido a decir que se utiliza la APTVA como pantalla protectora.

Tiene gracia lo de la utilización de la APTVA como escudo que algunos ha insinuado. Absolutamente todos los informes, requerimientos, burofax y por supuesto las acciones judiciales, se han presentado con nombres apellidos y DNI. Cuando estos pasos van cristalizando en una serie de acciones judiciales, a algunos podría parecerles que  es  todo lo que se ha hecho. Sin embargo para llegar a este punto se lleva trabajando desde hace más de dos años,  se han presentado un buen número de escritos por registro ante la Administración, se han hecho llegar informes a los representantes de la principales fuerzas políticas, se intentó dialogar con el Gobierno, y se mantuvo una reunión con la TPA para intentar recabar su apoyo para facilitar el diálogo con un Gobierno en el que siempre hemos tenido claro que está el origen del problema y podría haber estado en su momento la solución.

Un conocido medio del mundo de la comunicación en el noroeste de España nos preguntaba hace unos días si antes de emprender acciones judiciales habíamos intentado abrir vías de diálogo. La respuesta es obvia. Se intentó todo lo que pudimos pero ante el fracaso absoluto de la vía de diálogo no ha quedado más remedio que acudir a la justicia.  Ella será quien aclare si la APTVA está en un error o si por el contrario es la otra parte quien está cometiendo algo a lo que quizá no sea prudente poner calificativo en este momento.

De momento lo que tenemos es una Demanda Civil contra las Instrucciones de Contratación calificada como procedente por la fiscalía y la apertura de unas Diligencias de Investigación por parte de la fiscalia también.

Diligencias fiscalia. Denuncia Anticorrupción.

Valoración_Fiscalía Demanda Instrucciones de Contratación

Aquí todos sabemos lo que está sucediendo con algunas empresas que trabajan para la TPA con asuntos aún más gruesos, uno de ellos vinculados a la manipulación de un documento público, tal como en su informe definitivo sobre el año 2006 indicaba la Sindicatura de Cuentas.

Pero veamos lo que le está sucediendo a MEDIAPRO porque algunos en Asturias parecen convencidos de que esta empresa, en suspensión de pagos, se hará cargo de TPA en el caso de que la cadena fuera privatizada.

Victoria judicial de elEconomista contra Jaume Roures, socio de referencia de Mediapro. Después de que este periódico informara el pasado 18 de febrero acerca de los múltiples contratos que el empresario catalán está consiguiendo con RTVE, Roures presentó una demanda de rectificación, negándolo prácticamente todo.

Sin embargo, en una sentencia dictada el pasado 31 de mayo, el magistrado Guillermo Arias Boo, titular del juzgado de primera instancia número 32 de Barcelona, da la razón punto por punto a elEconomista, rechaza la rectificación e impone todas las costas a Mediapro. Leer más

La noticia y la sentencia completa en la página de USO

La suspensión de pagos de la empresa que se va a hacer cargo de TPA según algunos

La UE inicia una investigación sobre Sogepsa por vulnerar el libre mercado

LNE  Sábado 19 de junio de 2010

La denuncia del letrado Raúl Bocanegra contra la sociedad mixta por adjudicarse obra pública de forma directa amenaza su continuidad.

La denuncia del letrado Raúl Bocanegra contra la sociedad mixta por adjudicarse obra pública de forma directa amenaza su continuidad.

Oviedo, P. G.

La Comisión Europea, a través de su organismo de Mercado Interior y Servicios, ha decidido poner en marcha los mecanismos necesarios para iniciar una investigación sobre la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S. A. (Sogepsa), a tenor de la denuncia presentada por el despacho de Raúl Bocanegra, abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, en la que se considera que el Principado otorga a Sogepsa contratos de obra públicos sin concurso, vulnerando así el principio de libre competencia. La denuncia pone en peligro la continuidad de la sociedad. Leer más

La productora adopta la medida ante “una situación que puede abocar a un desequilibrio en los flujos de caja”

Mediaproducción SL (Mediapro), la productora que gestiona los derechos del fútbol, ha presentado concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) ante “una situación que puede abocar a un desequilibrio en los flujos de caja”. La compañía fue condenada a indemnizar con más de cien millones de euros a Sogecable por la ruptura del contrato de 2006 que fijaba las condiciones para la explotación del fútbol en televisión. Sin embargo, en un comunicado hecho público hoy por Mediapro, la productora trata de atribuir a Sogecable la responsabilidad de tener que solicitar “la protección judicial mediante la apertura de un concurso de acreedores”. Los principales acreedores son los clubes de fútbol.

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Merece la pena leer este artículo de Mario vargas Llosa sobre la excepción cultural, tan utilizada en nuestro país para regular el mercado audiovisual adjudicando contratos y subvenciones a los amigos del poder.  Mediante el mal uso de esta idea se burla con mayor o menor descaro la ley distribuyendo lo que no son más que contratos de servicios entre empresas elegidas con la intención de regular los mercados y repartir la riqueza entre quienes se prestan a colaborar en la tarea. Todo un disparate desde el punto de vista de las leyes del libre mercado y una burla descarada a un sistema que presume de ser democrático.

Dos son los argumentos principales que utilizan los defensores de la excepción cultural, a saber:

A) Que los bienes y productos culturales son distintos a los otros bienes y productos industriales y comerciales y que por lo mismo no pueden ser librados, como estos últimos, a las fuerzas del mercado -a la ley de la oferta y la demanda-, porque, si lo son, los productos bastardos, inauténticos, chabacanos y vulgares terminan desplazando en la opinión pública…..Leer más

Reproducimos íntegra esta entrevista publicada hace seis años en La Voz de Asturias porque visto lo sucedido, a día de hoy, adquiere un gran valor. Señalamos en negrita algunas de las mejores perlas.

Desde la Agencia para el desarrollo de la Comunicación y Proyectos Culturales, Jorge Fernández León se ha hecho fuerte en la Universidad Laboral de Gijón, cuyos proyectos de rehabilitación están bajo su mando y donde nacerá, al menos de forma temporal, el Ente Público de Comunicación, ambos planes estrella del Gobierno asturiano. Centro de las críticas del PP, no parece ni inmutarse ni importarle.

–Subida de la gasolina, un contexto económico ajustado… Por qué los asturianos van a creer prioritaria una televisión autonómica?

–La mayoría de los asturianos quieren un ente público de comunicación propio de la comunidad, que reivindique la identidad regional. Es un medio público que no tiene que pelear por el mercado publicitario y con un Consejo de Administración con representación de todas las fuerzas parlamentarias.

–El PP no parece dispuesto a entrar. Buscarán el consenso?

–El Parlamento determina el número de miembros para cada grupo y el PP se ha negado a cualquier conversación con el Gobierno. Una vez que se forme el Consejo, no tendremos más papel.

–Salvo nombrar al director.

–Propondremos el nombre. Será alguien con experiencia en más de un medio y con un aval que profesionalmente le cualifique.

– Asturiano?

–Sería magnífico, pero a veces no es fácil encontrar a la gente con el perfil adecuado.

– Qué ha cambiado para optar por la Laboral como sede del ente?

–Nada, el proyecto de Llanera se ejecutará cuando se den las condiciones técnicas adecuadas. Se están produciendo novedades en el campo tecnológico y vamos a hacer una apuesta muy fuerte por un sistema integrado de gestión y por una redacción única. Un diseño tan novedoso aconseja no precipitarse. Cuando todo esté en marcha será el momento de tomar decisiones sobre la instalación definitiva.

– Redacción única significa periodista para todo?

–No. Hablo desde un punto de vista técnico, que nunca se ha intentado con tres medios. Lo que se ha hecho es tener chicas y chicos para todo y creo que eso es un error. La experiencia buena es que todo el mundo sepa hacer todo pero cada uno se ocupe de lo que hace mejor.

–Mucho contenido autóctono. No teme fomentar el ombliguismo?

–El ente tiene que mirar hacia adentro y ser una ventana hacia fuera. No hay que cometer el error de acabar haciendo una televisión aldeana, para hablar solo de lo nuestro.

–Habrá lugar para programas de entretenimiento.

–Hay determinados tipos de entretenimiento para las que no hace falta gastar un solo euro público. Por ejemplo, la información rosa y escandalosa tiene suficientes productores y no hace falta que la tele autónomica esté ahí.

–Poca publicidad y externalización de contenidos. Cómo van a evitar el déficit?

–Hay otras fórmulas de financiación, con la venta de productos de calidad y las coproducciones. El Gobierno tratará de convencer al Consejo de que debe evitarse el déficit.

– Le preocupan las audiencias?

–Nuestro objetivo es que todos los asturianos nos visiten a diario. Las audiencias están hechas para vender publicidad, no nos guiamos por ellas.

PDF de la nota de prensa enviada hoy a 100 medios de comunicación regionales y nacionales.  A algunos de ellos además de la nota de prensa se les ha enviado la denuncia completa.

Nota de prensa

En algún lugar de la sede del Partido Popular de Oviedo crían polvo un informe y una solicitud de entrevista que la APTVA depositó por registro hace más de un año dirigidas ambas al jefe de la oposición.

No nos toca a nosotros evaluar la gestión de los siete miembros del PP en el Consejo de Administración de la TPA pero, como cualquier ciudadano podría hacer, nosotros también nos cuestionamos la eficacia de la gestión de estos siete señores y su responsabilidad en lo sucedido desde 2007, cuando tomaron asiento en el consejo de Administración de TPA, hasta la fecha. En Asturias la puesta en marcha de la Televisión pública se cuestionó durante más de 20 años los mismos que nuestra clase política se pasó sin leer una línea sobre lo que Europa decía sobre el sector y sobre los planes de ayuda que a él destinaba. A pesar de ello el proyecto salió finalmente adelante, con la oposición de un Partido Popular que desconfiaba del uso partidista que de ella se haría. No vamos a decir tampoco que la única forma de poner en marcha una Industria Audiovisual es a través de una televisión publica, pero es una formula que ha funcionado en otros lugares aunque está claro a estas alturas que aquí no lo ha hecho para nada . Argumentaba entonces el Gobierno que su creación serviría para poner en marcha una nueva Industria tal como, de la mano de Fraga, había sucedido en la vecina Galicia. Pero Areces nos es Fraga y la realidad es que cuatro años después nada de eso ha sucedido. A día de hoy con las cartas boca arriba queda claro que nunca ha existido la menor intención de crear Industria de ninguna clase en nuestra región.

Los informes que cada poco el Gobierno elabora desde la Consejería de Industria o desde la propia TPA para intentar lavar su imagen son una colección de inexactitudes y medias verdades por medio de las cuales se intenta maquillar una realidad que haciendo agua por todas partes tiene en ellos uno de sus puntos de apoyo mientras que el otro descansa en unos medios de comunicación regionales que mientras sigan sacando pingües beneficios del invento de la TPA esta claro que no van a decir absolutamente nada. Cualquiera que tenga un familiar o amigo periodista, licenciado en Comunicación Audiovisual, realizador, técnico, cámara etc… sabe perfectamente como están las cosas y lo que ha sucedido en esta región durante los últimos años. Por supuesto este no debe ser el caso de quienes en nombre del Partido Popular ocupan puesto en el Consejo de Administración de TPA. Estos señores piensan sin duda que es cierto lo que dicen los informes y estarán encantados de que sus decisiones contribuyan a la puesta en marcha de una nueva industria, así que mientras les venga bien seguir creyéndoselos no parece que se puedan esperar grandes aportaciones de su labor ni que vayan a leer con entusiasmo informes como el nuestro que amenazan con despertarlos de su sueño y terminar con el cuento.

A pesar de ello y aun a riesgo de interrumpir su descanso vamos a ver si con lo que a continuación describimos alguien puede creer que aquí se está creando alguna industria.

-Utilizando las licencias de TDT se han cerrado casi todas las televisiones locales que había en Asturias. Estas mantenían varios cientos de puestos de trabajo y la producción que consumían una cantidad similar en las productoras y  agencias de la región. Nosotros estimamos que se han destruido al menos 1.000 de trabajo. Por supuesto nuestras estimaciones no van a misa pero llevamos años en la actividad y a la fuerza tenemos que saber de que hablamos.

-Ninguno de las empresas que se hicieron con las adjudicaciones de las nuevas licencias de TDT han puesto en marcha sus proyectos ni van a hacerlo en un futuro próximo. LOCALIA la empresa adjudicataria de la licencia regional ha echado el candado dejando claro que no va a emitir nunca. Ella y el resto de las adjudicatarias deberían estar en el aire desde hace tiempo.

-El cierre de las televisiones locales ha supuesto la desaparición de plataformas sobre las que antes se emitían programas y publicidad. La desaparición de esas plataformas sin poner en marcha las televisiones fruto de las licencias de TDT ha dejado en la calle a cientos de técnicos, scrpits de Agencias, creativos, locutores, cámaras, periodistas etc…Esos son los lugares de los que proceden los 1.000 puestos de trabajo de que hablábamos antes.

-TPA cuenta con una plantilla de menos de 100 empleados puesto que una parte de la misma ha sido transferida a las empresas colaboradoras de la TPA por procedimientos muy cuestionables o con posible vulneración de la legislación laboral. Merece la pena recordar que solo una local, Tele Asturias tenía más de 100 trabajadores, es decir ella sola generaba mas empleo del que creo nunca TPA y por supuesto al ciudadano no le costaba un euro. Suponemos que ya no vendrá Lastra a contar lo de que la cerraron porque las condiciones laborales eran malas porque ahora todo el mundo sabe como son las de algunas subcontratas habituales de TPA y parece ser que las de la propia cadena no están para lanzar cohetes.

-En este traspaso de trabajadores de la cadena a empresas de confianza es donde quizá hay que buscar una de las claves por las que  TPA no licita un solo contrato de producción.

-La no licitación de los contratos de producción y la desaparición de las plataformas anteriores ha dejado sin carga de trabajo a las empresas de producción asturianas que se han visto obligadas a reducir sus plantillas, con el consiguiente aumento del paro, y a buscar trabajo fuera de Asturias para poder mantener su actividad.

-TPA no cuenta con capacidad para asumir a los trabajadores que se han quedado en la calle como consecuencia del destrozo que el Gobierno ha provocado en el sector. Tampoco dispone de capacidad para generarlo por medio de la compra de contenidos externos puesto que cualquiera que lea su parrilla podrá ver que es una televisión con poquísima producción propia que es el nombre que reciben los programas realizados para una cadena con independencia de que estos sean creados por personal de plantilla o por productores externos.

-La implantación en Asturias de empresas como Plural Entertainment ha servido durante un tiempo para distraer la atención, haciendo creer a algunos, que grandes grupos de fuera venían para impulsar la creación de Industria. Pero quienes estamos en la actividad desde hace años ya sabíamos que venían a por dinero y que cuando este se terminara se irían por donde habían llegado sin dejar nada positivo a su paso.

-El dinero se ha terminado. Plural Entertainment (PRISA) ha realizado unos programas de servicio público por los que ha cobrado 9.974.265,96 euros y cuando el dinero dejó de llegar, por medio de unos convenios que ya han sido denunciados por esta Asociación, han puesto en la calle a todo la plantilla y se han largado por donde habían llegado dando un portazo. Eso si con más peso que cuando llegaron porque a menos que el dinero de los Convenios haya servido para financiar ilegalmente a la TPA, estos señores se han llevado casi 10.000.000 de euros. No nos alegramos de haber acertado pero lo advertimos más de dos años antes de que sucediera.

-Lo mismo harán el resto de las empresas que han venido de fuera y tampoco nos vamos a alegrar cuando suceda algo similar. Ninguna de estas empresas ha realizado inversión de ninguna clase en la región lo que deja clara su voluntad de permanencia. En lo que es ya el colmo del despropósito, algunas de ellas explotan instalaciones públicas para realizar su trabajo y por si fuera poco, medios, contenidos y hasta una parte del personal podrían correr por cuenta de TPA o lo que es lo mismo del contribuyente Asturiano. Barra libre para los amigos con el mayor de los descaros. Aquí tiene quien quiera verlo la prueba del compromiso con la región de estas empresas que por supuesto llega hasta donde lo hizo el de la empresa de PRISA Plural Entertainment. Hasta que se termine el dinero y llegue la hora del portazo, previa puesta en la calle de toda la plantilla.

-Tampoco parece que haya dado nada que pensar a los siete miembros del Consejo de Administración de TPA en representación del Partido Popular las 23 irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en su auditoria sobre el año 2006. Recordemos que entre ellas se encuentra la manipulación de un documento público por el que un contrato podría haber sufrido un importante incremento económico. Esto no es una cuestión de formas o pareceres, es otra cosa que todos sabemos como se llama y  lo ha dicho la Sindicatura de Cuentas no nosotros. Sin embargo a los señores Consejeros les debe parecer poca cosa para molestarse en interrumpir su sueño y pedir explicaciones.  A quien si parece haber preocupado esta cuestión es a la diputada Popular Alejandra Cuétara que no forma parte del Consejo.  Ella si se ha echado las manos a la cabeza y le ha pedido explicaciones a Pérez Ornia.

Mientras aquí suceden estas cosas, la Unión Europea considera la Industria Audiovisual una de las 19 actividades económicas más importantes en el siglo que comienza. Por esta razón tiene en marcha desde hace años un plan para impulsar el desarrollo del sector. La convocatoria actual del MEDIA que es nombre que recibe el programa cuenta con 1.050 millones de Euros. Cada convocatoria tiene un objetivo preferente. El de esta es impulsar el sector en regiones periféricas de Europa donde la industria esté poco desarrollada. Es decir en lugares como Asturias. Esta información la hemos hecho llegar hace más de un año, dentro de un informe, a todos los grupos políticos entre ellos al Partido Popular. A día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros. No tendrían porque hacerlo si las cosas fueran sobre ruedas, pero tal como están es poco probable que circulen muchos documentos como las Propuestas para la Ordenación del Sector Audiovisual en Asturias que es el nombre que recibía un informe en el que se aportaban ideas con las que no se tiene porque estar de acuerdo pero que por lo menos eran un punto de partida elaborado desde el conocimiento de la situación. Desde 2007 hasta ahora solamente hemos visto una actuación valiente en defensa de la legalidad de las actuaciones en torno al sector, la antes mencionada de la de la diputada del Partido Popular Alejandra Cuétara el 18 de noviembre de 2009, en la sesión de control del ente, pero por parte de los siete miembros del Partido Popular con puesto en el Consejo de Administración de TPA hasta la fecha no hemos tenido noticia de ninguna, aunque por supuesto estaríamos encantados de equivocarnos. Esto decía un medio regional, El COMENTARIO.TV aquel día:

¨Nota de prensa difundida por la propia RTPA, de la que Ornia es director. Como la empresa es pública, reproducimos el texto íntegro, que da buena cuenta de la objetividad de una cadena que informa así, con esta parcialidad, de lo que en realidad es una comparecencia motivada por los graves defectos encontrados por la Sindicatura. La diputada Alejandra Cuétara le preguntó por la falsificación de un contrato con una productora (con tachaduras a lápiz) y por la contínua violación de la legislación de contratos del sector público. Esto es lo que cuentan ellos, nada de las preguntas de Cuétara, nada de las aclaraciones, precisiones y contradicciones introducidas por el Síndico, Avelino Viejo¨

El último disparate de TPA en el que se echa en falta la voz de la oposición es la compra por una cantidad que podría estar entre 12 y 20 millones de euros (según la fuente puesto que TPA  no dice gran cosa) de los derechos de Fútbol y Fórmula 1 que los Asturianos ya veíamos completamente gratis en La Sexta.   Con esta maniobra se ha ayudado a tapar el agujero de más de 600 millones de euros de Mediapro y se ha devuelto a Jaume Roures el favor de haberse hecho cargo de La Voz de Asturias a través de Público, algo de lo que nos alegramos por la plantilla del periódico pero que nos parece que se debería haber resuelto por otros medios. Los siete miembros del Consejo de Administración del PP, que a la fuerza tienen que conocer todo esto mejor que nosotros, parece que han visto con normalidad pagar esa millonada por disponer de lo que ya teníamos absolutamente gratis todos los Asturianos en la Sexta.

Con la misma normalidad han asistido impasibles a la destrucción de más de 1.000 empleos, a la voladura por los aires de un sector de futuro, a la falta de perspectivas laborales de ninguna clase para los más de 100 jóvenes que cada año salen de los tres centros formativos de la región, al despilfarro de 160 millones de euros etc… para que seguir.

La APTVA (Asociación de Productoras de Televisión de Asturias) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, contra el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, en el que se encuentra integrada TPA (Televisión del Principado de Asturias).

En la denuncia se recogen y documentan entre otras una serie de actuaciones llevadas a cabo por TPA y señaladas expresamente por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, entre las que destacan la manipulación de un contrato público con importantes consecuencias económicas, el incumplimiento reiterado de la ley mediante la adjudicación de paquetes de producción a empresas sin exigirles justificación alguna de su solvencia técnica, la firma de contratos con empresas sin constituir, posibles pagos de comisiones a intermediarios, contratación sistemática por valor de millones de euros sin convocatoria pública de ninguna clase, prácticas de financiación del Ente presuntamente ilegales mediante la firma de convenios de colaboración con Consejerías, financiación a través de estos mismos convenios de una empresa privada sin licitación de ningún tipo por un importe de 9.974.265,96 euros, extensión de esta práctica a nuevos adjudicatarios utilizando convenios con la Consejería de Industria para eludir convocatorias públicas, cesión de bienes públicos, servicios e instalaciones a empresarios privados para el desarrollo de sus actividades, posibles casos de nepotismo a través de la adjudicación de contratos a empresas de familiares directos de miembros del Gobierno del Principado, etc…

La APTVA considera que los datos acumulados hasta la fecha y la persistencia en el tiempo de  estas prácticas revisten gravedad suficiente para solicitar a esa Fiscalía la apertura de una investigación sobre la gestión de un Ente que, en los últimos cuatro años, ha sido financiado con 160 millones de euros procedentes de las arcas públicas pero que podría estar gestionándose como si se tratara de una empresa privada. Las cantidades señaladas proceden de los Presupuestos Generales del Principado, los convenios de colaboración con Consejerías, por medio de los cuales se podrían estar burlando los Presupuestos Generales del Principado y se sustraerían importantes cantidades de dinero público de servicios tan básicos como la sanidad. La cantidad señalada se completa con las aportaciones  al Plan de Infraestructuras.

Desde su puesta en marcha, TPA ha sido gestionada desde el secretismo y la ocultación. La única ocasión en que se ha podido tener conocimiento sobre su gestión ha sido a través de la auditoria realizada por la Sindicatura de Cuentas, a la que se ha hecho referencia,  en la cual se detectaron más de 20 irregularidades.

Se trata de la segunda acción judicial emprendida por la APTVA contra TPA tras la presentación en los juzgados de Gijón, el pasado día 17 de marzo, de una demanda contra las Instrucciones de Contratación de la cadena. Próximamente la APTVA presentará ante instancias europeas una tercera denuncia.