La Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA) ha interpuesto
un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias contra el Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias (RTPA), para solicitar la anulación de la Instrucción que regula los
procedimientos de contratación en el Ente y sus sociedades mercantiles.
Esta Instrucción ha sido publicada el pasado día 10 de noviembre de 2010,
y mantiene en lo fundamental el mismo contenido que tenía la Instrucción
anterior, también impugnada judicialmente en su momento.
Como cualquier ciudadano puede comprobar simplemente con acceder de
modo regular al Perfil del contratante de TPA, la sociedad más importante del
Ente, no existe ninguna convocatoria pública para licitar contratos destinados
a la producción de programas. Según fuentes jurídicas, todos los programas
que emite TPA en la actualidad (y una mayoría de los ya emitidos) podrían
carecer de respaldo legal, ya que no han sido contratados de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y las Directivas
europeas sobre contratación.
Esta circunstancia ha supuesto la exclusión del mercado de varias decenas
de millones de euros, que se sospecha han podido ser entregados de manera
directa, sin ninguna clase de competencia pública ni control alguno, a un
número muy reducido de empresas, en ocasiones ajenas por completo a la
región. Estos datos coinciden en buena medida con los incluidos en el informe
de fiscalización del Ente realizado por la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias.
De esta forma, no se estarían adjudicando los recursos públicos a las ofertas
económicas más ventajosas para el erario común, como ordena la ley, y no se
estaría contribuyendo al desarrollo de una industria audiovisual en Asturias, que
era una de las principales razones de la creación y existencia de una televisión
autonómica.
Además de este recurso que se acaba de interponer, en fechas próximas se
iniciarán otras acciones legales, de diversa naturaleza, encaminadas al logro
del mismo fin: que los fondos públicos manejados por RTPA sean adjudicados
de conformidad con la ley, en procedimientos abiertos que favorezcan la
competencia y, con ella, un ahorro de costes para el presupuesto del Principado
y el fortalecimiento de las empresas asturianas del sector.
En momentos de crisis económica como los que desgraciadamente vivimos,
con tres centros formativos en la región sacando al mercado cada año unos
cien jóvenes cuya inserción laboral habría que favorecer, es más importante
que nunca que los gestores de fondos públicos se orienten a generar empleo
y riqueza. Por desgracia, no se está haciendo así en la televisión pública que
pagan todos los asturianos.
La Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA) ha interpuesto
un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias contra el Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias (RTPA), para solicitar la anulación de la Instrucción que regula los
procedimientos de contratación en el Ente y sus sociedades mercantiles.
Esta Instrucción ha sido publicada el pasado día 10 de noviembre de 2010,
y mantiene en lo fundamental el mismo contenido que tenía la Instrucción
anterior, también impugnada judicialmente en su momento.
Como cualquier ciudadano puede comprobar simplemente con acceder de
modo regular al Perfil del contratante de TPA, la sociedad más importante del
Ente, no existe ninguna convocatoria pública para licitar contratos destinados
a la producción de programas. Según fuentes jurídicas, todos los programas
que emite TPA en la actualidad (y una mayoría de los ya emitidos) podrían
carecer de respaldo legal, ya que no han sido contratados de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y las Directivas
europeas sobre contratación.
Esta circunstancia ha supuesto la exclusión del mercado de varias decenas
de millones de euros, que se sospecha han podido ser entregados de manera
directa, sin ninguna clase de competencia pública ni control alguno, a un
número muy reducido de empresas, en ocasiones ajenas por completo a la
región. Estos datos coinciden en buena medida con los incluidos en el informe
de fiscalización del Ente realizado por la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias.
De esta forma, no se estarían adjudicando los recursos públicos a las ofertas
económicas más ventajosas para el erario común, como ordena la ley, y no se
estaría contribuyendo al desarrollo de una industria audiovisual en Asturias, que
era una de las principales razones de la creación y existencia de una televisión
autonómica.
Además de este recurso que se acaba de interponer, en fechas próximas se
iniciarán otras acciones legales, de diversa naturaleza, encaminadas al logro
del mismo fin: que los fondos públicos manejados por RTPA sean adjudicados
de conformidad con la ley, en procedimientos abiertos que favorezcan la
competencia y, con ella, un ahorro de costes para el presupuesto del Principado
y el fortalecimiento de las empresas asturianas del sector.
En momentos de crisis económica como los que desgraciadamente vivimos,
con tres centros formativos en la región sacando al mercado cada año unos
cien jóvenes cuya inserción laboral habría que favorecer, es más importante
que nunca que los gestores de fondos públicos se orienten a generar empleo
y riqueza. Por desgracia, no se está haciendo así en la televisión pública que
pagan todos los asturianos.
